El ciudadano 23 de Enero, 2011

Las sotanas sucias se lavan en casa

Caso Karadima abre secretos que la Iglesia Católica mantiene en silencio.

El caso Karadima ha sido un dolor de cabeza para la curia chilena, silencios, opiniones, defensas, acusaciones, todos se han pasado la pelota para volver a callar a la espera de “que la justicia actúe”. Lo cierto es que aún hay otros muchos casos que el mismo Cardenal Errázuriz ha silenciado. La Iglesia Católica ha ido retrocediendo en su forma de actuar, llegando al oscurantismo, sin importar las víctimas que esta actitud ha dejado en el camino.

Fernando Karadima (en la fotografía) nació en 1930 y 28 años después se ordenó diocesano. Sin embargo, en plena adolescencia, a los 15 años, sintió la urgencia de un guía espiritual, apoyo que encontró en quien sería su inspirador en la fe, el padre Alberto Hurtado (S. J.), a quien conociera en el colegioSan Ignacio, de Santiago (Alonso Ovalle). De hecho, fue éste quien acogió a Karadima, convirtiéndose en el mentor de aquel joven para que alcanzara el sacerdocio.

Todo hacía presumir que dado el cultivo de un perfil bajo y dedicación a las tareas religiosas, Karadima terminaría con su trabajo pastoral de una manera intachable.

Sin embargo, muchos años después, el 21 de abril de 2010, estalla una nueva bomba en el Arzobispado de Santiago, que deja a Fernando Karadima en condiciones complejas y a las máximas autoridades eclesiásticas sumidas en el escándalo y el silencio.

SE HIZO LA LUZ DE LOS ABUSOS

Un matutino de circulación nacional abrió la puerta para entrar en un laberinto que parecía no tener salida. Salen a la luz pública acusaciones en contra del párroco Fernando Karadima, por abuso sexual en contra de cuatro ex integrantes del sacerdocio que se alejaron de la iglesia y, en especial, del párroco cuando comprendieron que se encontraban dentro de una realidad confusa, desorientada y abusiva.

José Murillo, James Hamilton, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz, iniciaron un camino de sanación al revelar los abusos sexuales a los que fueron sometidos durante años por el ahora ex párroco de laIglesia del Sagrado Corazón de Jesús de El Bosque y hacerlos públicos, contando detalles de cómo el párroco los hacía presa de sus inclinaciones sexuales; iniciando un proceso judicial, en el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago.

Paralelamente, se iniciaba un juicio canónico en el Vaticano, desde donde solicitaron todos los antecedentes al abogado defensor del sacerdote Karadima, Juan Pablo Bulnes. Así la investigación de las denuncias se divide y arraiga en dos lugares, una en un juzgado criminal en Santiago y otra en el Vaticano, a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una de las más antiguas de las nueve congregaciones de la curia romana, y que se encuentra a cargo del teólogo conservador William Joseph Levada, cardenal estadounidense, quien dirige esta instancia desde el año 2005, cuando reemplazó al actual Papa, Joseph Ratzinger.

En 2001, el Papa Juan Pablo II, después de la ola de denuncias de abusos sexuales donde se encontraban involucrados integrantes del purpurado internacional, decidió que todos los delitos relacionados con menores abusados sexualmente quedaran en manos de esta jurisdicción; antes de ello, los casos eran revisados por los obispos locales.

Al momento de que el promotor de justicia, Fermin Donoso, recibió la investigación por las denuncias que vinculaban al ex párroco de la iglesia de El Bosque, el Cardenal Errázuriz emitió rápidamente un expediente con al menos 700 páginas. Con estos antecedentes, se iniciaba un proceso penal administrativo en contra de Karadima, acusado por los cuatro hombres antes señalados por abuso sexual desde cuando eran menores de edad.

KARADIMA COMPLICADO DESDE 2004

El bullado caso Karadima, se dio a la luz pública sólo este año, pero la investigación interna de las acciones del sacerdote vienen desde mayo de 2004, año en que el sacerdote Eliseo Escudero comenzó a investigar los abusos sexuales de los que se acusa al sacerdote por orden del Arzobispo de Santiago,Francisco Javier Errázuriz, y continuó con el caso hasta 2006 cuando terminó su periodo como promotor.

Escudero argumenta que hizo todo lo que estaba en su poder y “quienes debieron hacer el resto no lo hicieron”. Otro sacerdote que está en antecedentes del juicio canónico que se lleva en contra de Karadima, quien solicita mantener el anonimato, sostiene que “el Cardenal Errázuriz tenía en sus manos los antecedentes desde el año 2003”, por lo que no se explica los retrasos.

Eliseo Escudero fue mucho más enfático y afirmó que si en este caso hubo abandono u omisión no es por su responsabilidad pues él cumplió paso a paso con cada tarea que se le encomendó. El sacerdote y primer presidente del Tribunal Eclesiástico de Santiago, afirma que desde su primera diligencia hasta la última, justo antes de dejar el cargo, tomó el caso con la seriedad que se merecía. “Todas las veces hice mi informe, incluyendo algo que ni siquiera estaba en mis atribuciones: Explicitar mi parecer, porque se hacía más fácil juzgar por una lectura que lo que me tocaba presenciar con las víctimas”, afirma.

Con los antecedentes entregados a la policía y al tribunal, donde al menos 20 personas dijeron ser víctimas del ex párroco, la justicia -el 18 de noviembre- por medio del juez del 10° Juzgado del Crimen, Leonardo Valdivieso, cerró el sumario en la investigación, sin procesar a nadie.

Ni los relatos de los demandantes sirvieron para que se llegara a una definición que dejara a Fernando Karadima procesado por abuso sexual; tampoco sirvió el testimonio de la empleada de la casa y de otros cercanos al párroco a quienes, supuestamente, Karadima habría dado dinero para que guardaran silencio.

De hecho, el mismo presbítero Escudero recomendó en sus informes que Karadima fuera alejado del cargo antes de iniciar una auditoría por los dineros que el sacerdote investigado habría utilizado de manera dudosa.

PROCESO CANÓNICO

Juan Pablo Bulnes, abogado de Karadima -quien lo representa en el proceso canónico ante la Santa Sede-, asegura que están “tranquilos esperando la decisión que adoptará el Vaticano”, por medio de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El jurista afirma que han aportado todas las pruebas y antecedentes necesarios “para que sea absuelto y declarado inocente”.

La Iglesia es la encargada de disponer qué sucederá con el sacerdote. Podría pronunciarse por un retiro, debido a la edad de Karadima (cumplió 80 años en agosto) lo que significaría que seguiría como sacerdote pero alejado de sus funciones y también retirado del cargo que ostentaba hasta antes de las denuncias que lo llevaron a tribunales chilenos.

“El padre está bien, enfatiza Bulnes, se encuentra un poco reconfortado, pues ya dos jueces se han pronunciado en su favor, así como un fiscal y la Policía de Investigaciones (PDI); sin embargo, está dolorido por las acusaciones que ha tenido que enfrentar. Hay que considerar que es una persona ya mayor y tiene los achaques propios de la edad. Encima de eso, una operación al corazón, por lo que la tristeza está presente pero está seguro que “Dios le ayudará a salir bien de todo esto”.

Ante el proceso que se lleva en el 10° juzgado del crimen, otro de sus abogados, Cristian Muga, asegura que “ya está en etapa final, y no queremos avanzar ni aventurarnos en opiniones. Pero en lo que se refiere al juicio penal, estamos a la espera de una sentencia definitoria, tranquilos y expectantes, pues no hubo pruebas que dieran cuenta de la veracidad de las acusaciones. Éstas son más alentadas por la prensa que lo que en realidad existía”.

Fue infructuoso el intento de comunicarse con el abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de los denunciantes José Murillo, James Hamilton, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz. Lo último que anunciaron es que no apelarán al fallo, pues –según Hamilton- “está claro que hay un poder dentro de la Iglesia que tiene comiendo de la mano a los tribunales de Justicia”.

OTROS CASOS DE ABUSO: EL HILO SE CORTA POR LO MÁS DELGADO

El caso Karadima es sólo uno más de los casos que ha causado impacto en la sociedad y en el mundo eclesiástico. Pero, hay otros hechos que involucran a altos misioneros de la Fe en situaciones de abuso sexual que han ido quedando enterrados por el olvido que ha fomentado, precisamente, el jerarca nacional, cardenal Francisco Javier Errázuriz.

José Andrés Aguirre Ovalle, conocido como “cura Tato”, en 2003 fue condenado a 12 años de presidio y a pagar una indemnización de $50 millones de pesos a cada una de las víctimas, dejando a la Iglesia Católica como deudora solidaria. La curia no intervino en el fallo que dejaba al ex sacerdote tras las rejas y se negó a cancelar la suma establecida por el tribunal.

Hoy, Aguirre Ovalle, aún se encuentra cumpliendo condena, con una enfermedad degenerativa. Que el hilo se corta por lo más delgado ha quedado demostrado.

Un amigo del ex sacerdote, quien hasta la actualidad lo visita, asegura que Aguirre está tranquilo, no sin tristeza. “Él sabe que lo que hizo no está bien y que debe pagar por sus actos”. Sin embargo, el amigo del “cura Tato” dice estar perplejo con todo lo que sucede al interior de la Iglesia y cómo actúa de distinto respecto a los mismos delitos: “Encubre a algunos y envía al infierno a otros. Si Aguirre está pagando ¿Por qué el resto no? ¿Quién tiene el poder de ayudar a que algunos queden impunes ante situaciones iguales o peores? ¿Quién teje o deja tejer redes de apoyo ante hechos que vulneran la integridad de las personas que necesitan justicia? Lo más probable que al desclasificar historias encubiertas por la Iglesia, la sorpresa sería mayúscula. Los secretos que mantienen los más poderosos dentro de la iglesia es aberrante”, asegura.

LA JUSTICIA ES CIEGA… CON LOS CURAS

Dentro del clero se tejen muchas historias que, a la luz de los hechos, el Cardenal ha sabido mantener en secreto. Sin embargo, no es el único que ha mantenido bajo llave situaciones que afectarían la imagen de la Iglesia que encabeza. Sus vínculos han sido estrechos con personajes como el hoy cuestionado sacerdote Soiza-Piñeyro, quien el 7 de mayo pasado, también fue acusado de abusos sexuales.

La denuncia, que cayó en manos del fiscal Xavier Armendáriz, se basó en el testimonio de un hombre de 41 años, quien denunció que fue abusado por el presbítero argentino Alfredo Soiza-Piñeyro. El denunciante, un psicólogo que compartió con el presbítero entre 1982 y 1987 cuando se desempeñaba en la Vicaría de la Zona Oriente de Santiago, perdió fuerza al quedar prescrito por los años que pasaron antes de la denuncia, no obstante, en la declaración del denunciante quedó estampado el nombre de un joven de 19 años, quien -supuestamente- vivió la misma experiencia durante el año 2005.

Mientras, la prensa daba vueltas recabando más información, la Iglesia aclaraba dos aspectos sobre el secerdote Soiza-Piñeyro. Primero, que ya no desempeña el cargo de delegado episcopal para el diálogo ecuménico, y segundo, que no existe ninguna denuncia formal en su contra.

El procedimiento indica que la propia víctima debe presentar la acusación, con un notario eclesiástico de testigo. No obstante, la denuncia se formalizó y el denunciante prestó declaraciones. La acusación con la información que recorre los pasillos de tribunales y de la misma iglesia de la que fue alejado por las acusaciones, Soiza-Piñeyro, según cercanos a la Iglesia Católica -por ahora- sólo oficiaría misas en forma privada. Aunque los lazos del cura con hechos de abuso sexual se extienden hasta el sur.

EL DIÁCONO DE CHILOÉ

José Miguel Narváez Valenzuela, fue imputado en 2007 como autor del delito de abuso sexual contra un menor de edad. Pero los hechos por los cuales fue acusado el diácono se remontan al año 2004, cuando un joven –en ese entonces de 16 años- ingresó al Obispado de Ancud, lugar donde residía Narváez.

El menor declaró que el diácono solicitó la asistencia del joven debido a “un dolor muscular que requería un masaje” y el demandante ingresó al dormitorio del diácono. El joven reconoció que ambos mantenían una amistad emergente, ya que se veían en las actividades pastorales que Narváez desarrollaba en Achao y Ancud. Para la Fiscalía, esta relación de predominancia, es decir, un grado de jerarquía entre el joven y el Diácono, quien además era profesor en el colegio donde estudiaba el menor, habría propiciado que al adulto le fuera fácil abusar sexualmente del adolescente.

“Comenzó a tocarme, estaba tendido frente a mí, me decía que me quería mucho, me tocaba el pecho. Después me sacó la polera, me sacó el cinturón y me bajó el pantalón. Luego, comenzó a tocarme el pene y a masturbarme. Así estuvo unos cinco minutos. Después se desvistió completamente y comenzó también a masturbarse. Intentó besarme pero no lo dejé. Luego fue al baño, aproveché de vestirme y regresó fumándose un cigarro”, contó el joven a la Fiscalía en un testimonio captado durante la audiencia de formalización de cargos contra el religioso, que se dio justo un año después de ocurridos los hechos: El 5 de diciembre de 2005.

Igualmente, dos testigos que conocían este hecho declararon ante el Ministerio Público. Fue el propio diácono quien le había contado a uno de ellos lo que ocurrió en su pieza, aquel 5 de diciembre de 2004, e insistió en que “Si esto se sabe, mi carrera se termina”. Pero fue tarde, pues el caso había llegado a oídos de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Castro. Las versiones, tanto de la supuesta víctima como del imputado, coincidieron.

La sentencia fue determinante, aunque no lo suficientemente castigadora para el delito confirmado. Aunque la Fiscalía pedía 5 años de presidio, Narváez sólo fue condenado a 3, la que ya cumplió y ahora se encuentra en libertad.

¿QUÉ UNE A NARVÁEZ CON SOIZA-PIÑEYRO?

José Miguel Narváez alcanzó a durar 28 días como Diácono y entró a la cárcel. Antes de ser ungido como diácono, éste oficiaba de sacristán para Soiza-Piñeyro en la misa de los domingos, en Santiago.

Cuando la denuncia del joven en Ancud toma cuerpo y fuerza, Narváez comenzó a ver la situación con mayor complejidad y cuando ya fue sentenciado, tomó contacto con la alta jerarquía de la Iglesia solicitándoles que le compraran una casa a su madre en Chiloé, para que ella lo pudiera visitar; de lo contrario, cuenta un amigo cercano de Narváez, él contaría todas las cosas que sabía de la Iglesia y del mismo Soiza-Pïñeyro.

Con la presión y la posibilidad de que todo fuera descubierto y de que la prensa ingresara en la búsqueda de más información que lo dejara en mala posición frente a sus superiores, Soiza-Piñeyro atentó contra su vida.

Todos estos antecedentes obraban en manos del Cardenal Errázuriz, pero imperó el silencio para bajar el perfil de todos estos hechos, y todo quedó en reserva y en la impunidad.

Hay indicios de que el Cardenal y su círculo más cercano mantienen más secretos, así también queda denunciado en el libro La Verdad del caso Spiniak. El sabor de la impunidad, en el capítulo denominado “Los secretos del Cardenal” -de autoría de la periodista que escribe este reportaje- se dan a conocer las razones que ha tenido el Arzobispo Francisco Javier Errázuriz (en la foto) para actuar tan negligente e indolentemente en los distintos casos relacionados con abuso sexual de clérigos contra menores.

¿Qué oculta, entonces, la máxima autoridad católica en Chile que hace que las víctimas se rindan ante una lucha legítima y se conformen con la espera de la justicia divina?

Recuadro

SPINIAK Y ERRÁZURIZ

El libro “La Verdad del caso Spiniak. El sabor de la impunidad” detalla los pormenores del caso Spiniak y el rol que cumplió la Iglesia católica, principalmente el Cardenal Errázuriz, para lograr que un político involucrado saliera incólume frente a las acusaciones y pruebas que lo inculpaban de abuso sexual.

El libro lo puede obtener, solicitándolo al siguiente mail: molinaclaudiab@gmail.com

Por Claudia Molina B.

Fotografías: latercera.com/politicarock.cl

El Ciudadano N°93, segunda quincena diciembre 2010

El ciudadano.cl 31 de Diciembre, 2010

CAS: un cementerio de muertos que caminan

Fin de huelga de hambre en el CAS, después de 17 días.

Más de 100 presos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) sumaron 18 días en huelga de hambre con el fin de denunciar tratos vejatorios y regímenes que atentan contra la integridad física y sicológica tanto de las familias como de los mismos internos. En el módulo sur convive la población común con enfermos de VIH (SIDA) sin contar con las más básicas precauciones para evitar contagios. Los convictos en huelga evaluaron radicalizar sus posturas, amenazando con iniciar en cualquier instante una huelga de hambre seca. Sin embargo, ayer por la tarde lograron algunos acuerdos que les permitió deponer la huelga.

Pasaron 17 días desde que al menos 100 reos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) comenzaran una huelga de hambre para exigir reivindicaciones de distinto tipo que les afectan diariamente en sus vidas de encierro. Hoy sus familiares y amigos que desde la calle los apoyan, están más tranquilos pues temían que los reclusos se vieran más afectados de salud o que sufrieran represalias.

En la cárcel de Alta Seguridad (CAS) los denominados presos sociales y algunos presos políticos también decidieron enfrentar esta situación con una huelga de hambre que les permitiera mejorar algunas de las condiciones inhumanas y distintos conflictos que sostienen al interior del recinto penal. Reclaman que esta cárcel los mantiene invisibilizados ante la sociedad, tanto por las características de la cárcel como por la prensa nacional.

A través de la huelga de hambre, los internos lograron algunos acuerdos que tienen relación con el régimen interno del penal. Es así como consiguieron que las visitas se aumentaran en una hora más y que el número de castigos antes de ser trasladados al módulo de máxima seguridad fuera mayor. Hasta ayer, el presidiario que era castigado 3 veces dentro del módulo de alta seguridad era trasladado al de máxima seguridad, donde el régimen es absolutamente más rígido. Con la huelga consiguieron que sólo después de 4 castigos fueran trasladados.

Después del magno incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, donde en la madrugada del 8 de diciembre murieron calcinados 81 presos que purgaban distintas condenas, dejó en evidencia la deficitaria infraestructura del recinto penal y los malos tratos que recibían. Y, aunque esto nunca fue un tema desconocido por la ciudadanía y menos por las autoridades, sí este lamentable hecho visualizó, cruelmente, las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

TRATOS ABUSIVOS

Axel Osorio, ex recluso del CAS y quien forma parte del grupo de apoyo a los presos de esta cárcel, asegura que “más de un centenar de convictos decidieron iniciar la huelga de hambre buscando que sus demandas, legítimas, sean escuchadas”. Los emplazamientos se enmarcaron en el respeto de los beneficios carcelarios a los que los reclusos que cumplen con las formalidades requeridas tengan acceso a ello. “A muchos no se les ha respetado la salida dominical y en otros casos, el permiso especial, el que es utilizado cuando un familiar directo fallece para asistir al funeral. Esto lo han negado por el simple hecho de estar interno en la cárcel de alta seguridad”, dice Osorio.

Por otra parte, el ex presidiario, afirma que existen diversas situaciones que afectan física y sicológicamente a los reos. Por ejemplo, el trato indigno que reciben sus familiares al momento de las visitas. “Los gendarmes les dan a los familiares un trato abusivo, indigno y prepotente. De hecho, asegura, las mujeres siguen siendo tocadas de manera grosera antes de ingresar al recinto aunque tienen los elementos tecnológicos para evitar esta situación”.

En efecto, el CAS cuenta con paletas que se pueden pasar sobre el cuerpo de la visita para detectar metales. También dentro de este recinto carcelario existen sillas especiales y altamente tecnologizadas, lo que permite a gendarmería revisar a las visitas sin siquiera tocarlos, a través de dispositivos que se encuentran conectados a las sillas y que al momento de sentarse en ellas el dispositivo entrega toda la información directamente a pantallas desde donde los gendarmes pueden ver con claridad elementos prohibidos.

FAVORITISMO DENTRO DEL CAS

Los reclusos del CAS alegan que la posibilidad de reinsertarse o realizar actividades que los mantengan ocupados tanto física como sicológicamente, por ejemplo, talleres. Esto no está contemplado para todos los reos. El único taller que existe, hasta la fecha, es el de mueblería al que sólo pueden acceder 15 presidiarios “y el criterio de selección que se aplica para ingresar a este taller, afirma Osorio, nunca ha sido claro. Situación radicalmente distinta en relación con otros presos, los que tienen mayores beneficios dentro de la cárcel, como el caso de Claudio Spiniak , Rafael Maureira Trujillo, alias Zacarach y unos cuantos más, a los que se les permite trabajar en talleres de cuero, pintura y actividades físicas. Hay favoritismo”.

Para el resto de la población penal todo esto está limitado al máximo, por lo que algunos de los reos, con el objeto de mantener alguna actividad se convierten en lo que en vocabulario “canero” denominan “mocito”. Son hombres que trabajan, generalmente, bajo las órdenes de un preso que tiene un prontuario mucho más contundente que el resto, convirtiéndose en una especie de autoridad frente a un grupo importante de los reclusos. En este caso, los mocitos del CAS se convierten en sirvientes de los gendarmes y realizan tareas tales como hacer el aseo en zonas especificadas, pasillos, por ejemplo. Así como tampoco pueden acceder a estudios superiores, por lo que las posibilidades de reinserción verdaderamente son nulas.

Más grave aún se torna la vida y convivencia en el módulo de “Máxima Seguridad” que tiene capacidad para 160 personas y en la actualidad se encuentran privados de libertad entre 140 a 160 hombres ahí. Los reclusos se encuentran en sus celdas 22 horas diarias, contando sólo con 2 horas para salir a un espacio reducido (9 por 7 m aproximadamente) donde se encuentran 30 personas cada vez.

La diferencia fundamental que existe entre el CAS y otras cárceles del país, es que en el CAS prácticamente no existen hacinados, sin embargo, las celdas son igualmente pequeñas. Pero uno de los hechos más significativos y que afecta la salud de los internos es el horario de encierro, a las 16:30 horas, hasta el próximo día. La rutina se convierte en una gran enemiga. Los reclusos salen al patio dos horas diarias divididas en una hora en la mañana y una hora por la tarde. El espacio que comparten todos, es pequeño y no tienen nada que hacer y “la convivencia se torna complicada, se arman discusiones y cahuines, afirma Osorio, pero no llegan a riñas internas, como es el caso de la Penitenciaría, donde los reos llegan incluso a agredirse gravemente disputándose una baldosa”.

INTENTOS DE SUICIDIO AL INTERIOR DEL PENAL

Aquí tampoco se les permite a los familiares ingresar lápices, si alguno pretende escribir algo, un cuento, su experiencia, etc. Y en ocasiones, enfatiza Osorio, les privan de comidas, de visitas conyugales, etc. En estas condiciones deben esperar al menos 6 meses para ser trasladados a otros módulos. Tuve que presenciar intentos de suicidio de algunos compañeros porque no soportaban tanto encierro. De hecho, asistí a uno de ellos, que intentó ahorcarse porque no le permitían la visita conyugal”.

Otro de los temas que complica a la población penal es que no existe una separación de reos que son portadores del VIH (SIDA), por lo que comparten a diario con el resto de la población común, en el pabellón sur, donde la infraestructura no es la adecuada para la atención que los que se encuentran enfermos necesitan y merecen. El riesgo de contagio es una bomba de tiempo y que la enfermedad se agudice es inminente.

VISITAS RESTRINGIDAS AL MÁXIMO

Axel Osorio estuvo recluido en esta cárcel durante 14 meses, y para salir de ahí realizó también una huelga de hambre que se extendió por 50 días para que las autoridades escucharan sus demandas. Sólo 5 meses después logró su traslado.

“Viví situaciones que son realmente vejatorias, donde derechos tan básicos no son respetados. Por ejemplo, dice Osorio, yo soy vegetariano y no existe posibilidad que se respete esta condición, por lo que pasaban días en que yo no podía comer porque a la comida, que además de mala, llevaba carne. Reclamé por esto y la dieta me la negaron”.

El horario de visitas fue otro tema que demandaron los presos del CAS. El régimen de visita era de 6 horas a la semana, dividida en 3 horas para ver a las familias de manera directa, cuerpo a cuerpo y las otras 3 horas a través de los teléfonos instalados en el locutorio. Desde hoy cuentan con una hora más para mantener contacto directo con sus familiares.

Por otra parte, las visitas que pueden recibir son reducidas a la familia directa, padre, madre, hermanos, hijos y sus mujeres. Es imposible que amigos les puedan visitar, por lo que la sensación de aislamiento es mayor que en otros recintos penitenciarios.

LA HUELGA CON MAYOR CONCIENCIA

Hasta ayer, los presos sociales y políticos del CAS evaluaban la posibilidad de agudizar la postura, es decir, estaban pensando en continuar con una huelga de hambre seca. Donde el deterioro físico de los reclusos es rápido afectando la salud de manera, muchas veces, irreversible.

Según Osorio, el hostigamiento que han sufrido sus ex compañeros de cárcel, se agudizó después del incendio de la cárcel de San Miguel.

Los convictos han ido comprendiendo que, independiente de las razones por las cuales fueron condenados, aún mantienen algunos derechos que son básicos, como a recibir un trato digno y a mejorar aspectos que dentro del encierro afectan de manera considerable la parte sicológica del que se encuentra privado de libertad. La familiar de uno de los reos que se encontraba ayunando y que prefiere mantener su nombre en anonimato, afirma que “nuestros familiares recluidos realizaron un llamado al cura Baeza para que interviniera en esta triste situación, pero no recibieron respuesta alguna, es por eso que pensaban en continuar con la huelga de hambre seca”.

Osorio, por su parte, señala: “En el CAS, las huelgas son constantes, siempre hay reos que comienzan con una huelga de estas características para presionar ya sea para que revisen sus casos, para que los dejen ver a sus esposas, para obtener más tiempo de visitas o por cualquier otra situación que les afecta de manera directa. Lo que pasa es que a la prensa no le interesa este tema por lo que los compañeros se sienten confinados en el silencio. Este centro penitenciario es un verdadero cementerio con muertos que caminan cada ciertas horas”.

Es necesario señalar que los presos comunes, o sociales como se denominan, son personas que ven la huelga de hambre de una manera muy distinta a los presos políticos. Los presos sociales son mucho más impetuosos, radicales y hasta más viscerales. Quizá por el mismo hecho que la sociedad y las autoridades los clasifican como “lacra social”. Por lo que se revelan de una manera distinta y, para ellos, el tema pasa por resolver rápidamente las demandas o ir hasta las últimas consecuencias, sin prepararse para una actividad como ésta con anterioridad. Es decir, no se alimentan de manera adecuada para iniciar la huelga, no están fortalecidos ni física ni sicológicamente para enfrentar los días de hambre, por lo que el desgaste es mayor poniendo la salud e incluso sus vidas en riesgo.

Si bien los internos no lograron todo lo que demandaban, están un poco más tranquilos y contentos con lo que alcanzaron, principalmente, se alegran porque al menos pudieron visibilizar su existencia ante la sociedad, en cierto modo, durante poco más de dos semanas de huelga rompieron con el silencio y el encierro.

Por Claudia Molina B.

El Ciudadano

Revista El Periodista                   Año 4, Nº95, Viernes 25 de Noviembre de 2005

Fiscal jefe del CDE en Valparaíso involucrado en crimen de DD.HH.

PREGUNTAS PARA CLARITA

(Por Claudia Molina B.) Enrique Vicente Molina, actual procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Valparaíso, deberá responder una querella interpuesta por las hijas del ex prefecto de Investigaciones de Valparaíso Juan Bustos Marchant. El arresto del policía fue ordenado por Vicente en 1974.

Juan Bustos Marchant, el asesinado prefecto de Investigaciones El 26 de abril de 1974, Juan Bustos Marchant, ex prefecto de Investigaciones de Valparaíso durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue apresado por orden del actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Valparaíso, Enrique Vicente Molina, bajo los cargos de tráfico de armas y conexión con traficantes de drogas, entre otras acusaciones. La orden era aprenderlo para interrogarlo. El 29 de abril del mismo año, el director general de Investigaciones de ese momento, general (R) de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, puso a Bustos a disposición del tribunal de primera instancia, conducido por Vicente en Valparaíso. Pero después de largos interrogatorios, Bustos Marchant falleció de un tiro en la cabeza y sus hijas claman hoy por verdad y justicia. Con el apoyo del abogado Héctor Salazar, Pamela y Gloria iniciaron una querella contra Vicente y todos quienes resulten responsables de la muerte del detective, quien perdió la vida en la prefectura policial de la Quinta Región, aunque las autoridades de la época informaron del hecho como un "suicidio". "Dijeron que se suicidó con su arma, pero hasta ahora no se han aclarado las circunstancias de su muerte", aseguran sus hijas. EL PROCURADOR FISCAL Enrique Vicente Molina es abogado, titulado en 1963 en la Universidad Católica de Valparaíso. Lleva 40 años trabajando en el CDE, del cual es jefe regional en Valparaíso. Además, desde hace 19 años es director de la Corporación de Asistencia Judicial de la zona. Hasta su adolescencia, Vicente estuvo ligado sutilmente a la actividad política. Su padre fue compañero de colegio y amigo de connotados dirigentes de la época, como Radomiro Tomic, Eduardo Frei y Edmundo Pérez, quienes lo motivaron a abrazar los postulados de la Falange, donde militó por largos años. Pero pese a su conocimiento político, Enrique Vicente no se enganchó en estos temas como su padre. En cambio, se acercó a las armas e hizo el servicio militar en la Armada -como estudiante universitario- durante dos veranos, adquiriendo luego el carácter de oficial de la reserva naval. El 11 de septiembre de 1973, el alto mando de esa institución convocó a estos reservistas, de modo que Vicente fue destinado a la Fiscalía Naval. Consultado sobre el tema en agosto de 2003, aseguró que técnicamente fue movilizado por la Armada porque Chile se encontraba en un período de guerra, de modo que sólo le quedó acudir al llamado, pues de otro modo "la no presentación significaba ser desertor en tiempos de guerra", aunque "esto no justifica los excesos que cometieron algunos uniformados después del golpe". Pero sus funciones no terminaban ahí, porque entre 1975 y 1977 se convirtió en secretario regional ministerial (Seremi) de Justicia ad honorem, en virtud del cargo que ocupaba en el CDE, lo cual se mantuvo hasta que el Ministerio de Justicia incorporó su puesto a la planta de personal. CAMINO A LA MUERTE Varios meses antes, cerca de las tres de la tarde de un día de octubre de 1973, Juan Bustos Marchant fue sacado desde su casa por tres desconocidos. Un hombre vestido con chaquetón de marino y otros dos sujetos lo tomaron de los brazos y echándoselos hacia atrás, lo inmovilizaron, lanzándolo hacia el interior de una camioneta de color azul claro. Cuando ya estaba de bruces dentro del vehículo, fue amarrado de los pies, su cabeza fue cubierta con una frazada y su boca tapada con tela adhesiva. Esta sería su primera detención. Cuando llegó al sitio del interrogatorio, el ex prefecto fue sentado en un sillón de madera y amarrado de pies y manos. Tras un extenso interrogatorio, fue llevado a otro lugar, donde nuevamente fue amarrado a un sillón, similar al que usan los peluqueros o dentistas. Le bajaron los pantalones y comenzaron a aplicarle corriente en los órganos genitales y en el brazo derecho, mientras le preguntaban su nombre, edad, cargo que desempeñaba y si él había sido hombre de confianza del ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes. También lo interrogaron sobre su participación en flagelaciones, contrabando de armas, sustracción de placas de servicio y fichas del archivo político institucional y su relación con traficantes de estupefacientes. Además, fue acusado de ser miembro pagado de la Unidad Popular. Bustos Marchant rechazó todos estos cargos. Pese a que la detención y los argumentos en su contra confundían al prefecto, también sabía que todo podía tratarse de una venganza de la ultraderecha, por sus actuaciones en contra de las actividades que estos grupos realizaban para desestabilizar al gobierno de la UP. Con anterioridad, el prefecto había tenido un altercado con el almirante Ismael Huerta y con la gente del grupo ultraderechista Patria y Libertad, debido a que éstos pusieron una autobomba. Bustos descubrió que en el hecho estaban involucrados el yerno y la hija de Huerta, por lo que decidió detener al primero. Enterado el almirante, pidió a Bustos autorización para hablar con su yerno, Jorge Luis Young, pero el ex prefecto se lo negó. Indignado, Huerta le reclamó: "No se olvide que está hablando con un almirante de la república". Bustos le retrucó que él tampoco debía olvidar que estaba conversando "con un prefecto de la república". Alfredo Joignant, quien dirigía Investigaciones cuando Bustos fue nombrado prefecto en 1972, sostiene hoy que "el descubrimiento del autoatentando de Patria y Libertad, donde estaba involucrado el yerno de Huerta, fue la gran razón para que después Bustos fuera perseguido y torturado. No creo que se haya suicidado, al menos no por su cuenta". Una vez detenido por orden de Vicente , en 1974, el solo antecedente de su pelea con Huerta complicaba aún más la situación de Bustos , por lo que sus interrogadores insistieron en un a supuesta infiltración mirista en Investigaciones. El prefecto respondió que eso podía ser posible, pero que él no tenía nada que ver, lo mismo que con la sustracción de fichas y documentos políticos, porque si éstos salían del archivo, era sólo a petición expresa del ex director Paredes, quien trabajaba con un grupo especial de su absoluta confianza, en el que participaba gente del Gabinete Criminológico y personas ajenas al servicio, a los que sólo conoció por apodos. Sin embargo, recordaba a Germán Contreras Arce, Iván Pino Carmona y Osvaldo Ahumada como colaboradores de Paredes. LAS AMENAZAS Durante toda su declaración, Juan Bustos fue amenazado con un revólver en la boca y un cuchillo entre sus testículos. Le decían que no debía contar nada de lo sucedido, pues de lo contrario su familia pagaría las consecuencias. Incluso llegaron a hacerle creer que su esposa también estaba detenida y una vez terminada la ronda de preguntas, los agentes le ofrecieron colaborar con ellos, no sin antes volver a amenazarlo a él y a su familia. Luego fue puesto en libertad. Vendaron sus ojos y lo transportaron en el piso de un automóvil, boca abajo. Después de un tiempo de viaje, lo bajaron del vehículo, le sacaron la venda y debió dar al menos diez pasos sin mirar atrás. Fue dejado al borde de un camino y frente a una quebrada, que posteriormente reconoció como el cerro Ramaditas. Comenzó a caminar y se dirigió hacia la Prefectura de Valparaíso, donde solicitó que un vehículo lo llevara hasta su domicilio. Bustos Marchant pensó que ya todo había pasado, pero su pesadilla no terminó ahí, porque paralelamente se iniciaron constantes hostigamientos a la familia, que ni siquiera terminaron cuando se vinieron a Santiago, después de la muerte de Bustos Marchant. "Nos persiguieron hasta el cansancio. Todos los días recibíamos llamados de amenaza. El árbol situado fuera de la casa amanecía todos los días pintado de blanco. En las noches sentíamos hombres caminando sobre el techo, para que supiéramos que conocían nuestros movimientos", recuerdan hoy las hijas del policía. Seis meses después, en abril de 1974, la justicia naval volvió a requerirlo, esta vez abiertamente, a través de Vicente Molina. Aunque le habían advertido que no contara nada de lo sucedido, Bustos Marchant decidió advertir al nuevo director de Investigaciones, Ernesto Baeza, a través de una carta a la que El Periodista tuvo acceso exclusivo. El prefecto quería que Baeza supiera todo lo que estaba pasando y también esperaba confirmarle su disposición a colaborar con la justicia cuantas veces fuera necesario, pero dentro de un marco legal que le garantizara no volver a sufrir los flagelos ya vividos. EL EXPEDIENTE NAVAL En 2003, Vicente aseguró en una entrevista a un diario regional que "este señor (Bustos) fue detenido por la Policía de Investigaciones para que declarara por un tema de drogas y armas". Según él, era un día feriado (no precisó la fecha) y el prefecto estaba detenido en un cuartel de Investigaciones, asegurando que jamás ingresó a la cárcel ni a otro recinto mientras dependió de la fiscalía. Lo que olvidó el actual procurador del CDE fue que Bustos primero fue detenido por funcionarios de la Armada y luego puesto a su disposición a través de un telegrama que él mismo firmó. En el expediente naval -que se mantuvo bajo estricta reserva durante al menos 20 años-, caratulado bajo el rol A-158 de 1974, se indica que el 25 de abril de 1974, Enrique Vicente ordenó -a través de un telegrama- la detención del prefecto y lo puso a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso, para ser interrogado por una causa de Consejo de Guerra bajo los cargos de tráfico de armas. El 29 del mismo mes, Ernesto Baeza ponía a Bustos a disposición de la Fiscalía Naval. Así se firmaba el acta de muerte del ex prefecto de Investigaciones. EL INTERROGATORIO Con Bustos ya detenido e interrogado, y mediante una carta dirigida a la Dirección General de Investigaciones en Santiago, Vicente solicitó recién el 30 de abril un informe sobre los cargos y pruebas que acusaban al ex prefecto. El expediente naval registra el interrogatorio realizado a Bustos, que aparece firmado por el capitán de corbeta y fiscal naval Enrique Vicente. Algunas preguntas estaban dirigidas al reconocimiento de las propiedades y recursos económicos que el prefecto tenía junto a su mujer. Otras buscaban dilucidar su experiencia institucional desde que ingresó a Investigaciones, como también los ascensos que había obtenido. Según esta declaración, Bustos reconoció que desde enero de 1972 estaba a cargo del Departamento de Informaciones de la Dirección General de Investigaciones, que dependía del director general (Paredes) y de Arsenio Poupin, funcionario del Ministerio del Interior. Agregó que sus funciones consistían en informar sobre todos los aspectos políticos, especialmente de la oposición. Aunque según el registro del interrogatorio también contó que en algunas ocasiones fue designado para detener ilícitamente a opositores a la UP, en la carta aclaratoria que le envió después al general (R) Baeza no mencionó ninguna de estas cosas. Por otro lado, en el expediente naval se consigna que Bustos reconoce que nunca informó a sus superiores acerca de las actividades que realizaba la izquierda de la época, dejando entrever que todo su trabajo era realizado para atacar directamente a los grupos organizados de la derecha, como Patria y Libertad. Aún bajo esas condiciones, el prefecto niega rotundamente haberse enterado de la existencia de contrabandos de armas o de algún material sancionado por la ley 17.978, por la estaba siendo acusado. LA INCOGNITA MUERTE Un día después de que Enrique Vicente solicitó información de hechos que permitieran encausar al ex prefecto, el 1º de mayo, éste fue autorizado para visitar a su madre, quien vivía en el cerro Los Placeres, lugar donde también se encontraría con su familia. Mientras estuvo con ellos siempre fue custodiado, de modo que nunca pudo contar nada de lo que estaba viviendo. Al momento de partir y mientras bajaba las escaleras, Juan Bustos logró decir muy sigilosamente: "Me tienen liquidado". Al día siguiente, fue asesinado. La familia fue avisada del triste acontecimiento. Según sus hijas, la explicación que recibieron fue que el ex prefecto había muerto por un disparo que él mismo se había propinado en su oficina de Investigaciones, con una pistola que habría tenido en su poder. La pregunta es obvia: ¿Cómo se entiende que un detenido porte un arma estando sometido a un juicio de guerra? Hasta hoy, las hijas de Bustos Marchant no saben qué contestar. "Esa es la respuesta más fácil que encontraron para justificar su muerte, sólo nos entregaron el cuerpo en una urna sellada", dicen hoy Gloria y Pamela, sus hijas. La viuda del policía, Nelly Velozo, recuerda que 15 días después de la muerte de su esposo, fue citada por Enrique Vicente a su oficina para preguntarle la razón por la que el prefecto habría tomado esa drástica decisión, si no se le había comprobado nada. "Desde ahí, nunca más tuvimos ningún tipo de respuestas", asegura. Después de una publicación sobre este caso en la edición número 108 de The Clinic, el 24 de julio de 2003, Gloria tomó la decisión de contactarse con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) para denunciar los hechos. El abogado Héctor Salazar fue designado para llevar adelante el proceso contra "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant", en el que Enrique Vicente tendrá que explicar muchas cosas. La querella fue presentada el 29 de noviembre de 2004 en el Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, bajo el rol 143578-R. Salazar, con vasta experiencia en temas de derechos humanos, sabe que se trata de un caso difícil, por la influencia que el fiscal del CDE de Valparaíso tiene en la zona. Espera que se haga justicia, pero también emplaza a que la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, explique cómo es que un funcionario está involucrado en violaciones a los derechos humanos. "Aquí tiene que responder el CDE, a través de su presidenta", afirma el abogado. A principios de este año, las hijas del prefecto fueron recibidas por Herrera, quien ofreció todo el apoyo institucional a la familia y se comprometió en avanzar en la investigación interna. Poco después, Bustos fue homenajeado por su institución, incluso con una placa que recuerda su muerte, instalado en la prefectura porteña. "Hemos visto que al menos reconocen la muerte de nuestro padre como una gran pérdida y lo han homenajeado para limpiar la memoria de quien trabajó dignamente para la institución. Eso nos tranquiliza mucho, es lo mínimo que nuestro padre merece, pero queremos verdad y justicia por su muerte", señalan Pamela y Gloria Bustos. Héctor Salazar explica a El Periodista que el proceso de la querella avanza, aunque la ministra en visita aún no ha otorgado conocimiento del sumario. "El problema es que Enrique Vicente tiene muchos vínculos en el ambiente judicial de Valparaíso. Lo más insólito es que siendo inculpado, haya enviado al tribunal a procuradores del CDE, para pedir acceso al sumario a nombre de esa institución. Como mínimo, eso no es prudente", asegura. Pese a todo, el procurador del CDE prefiere guardar silencio, pues no quiso responder a los intentos de El Periodista por contactarlo. Habrá que esperar, entonces, a que hable la justicia.