Diario Uno, 5 de julio 2010

Plan para la Reconstrucción de Piñera

¡Los pobres otra vez pagando la cuenta!

El Presidente se ha vuelto un verdadero prestidigitador: dice que quiere que los más ricos aporten al proceso de construcción, hace como que sube los impuestos a las empresas, hace como que sube el “royalty” a las grandes mineras privadas… pero la letra chica del contrato dice exactamente lo opuesto, las empresas pagarán menos y los pobres más. Un chiste que se ha vuelto trágico de tanto repetirlo.

Por Claudia Molina

Apenas asumió el gobierno, el Presidente Sebastián Piñera anunció un plan para reconstruir el país, tras el terremoto sufrido el pasado 27 de febrero. Dicho plan traería recursos frescos por más de 3.100 millones de dólares. Se habló de alzas de impuestos a las grandes empresas y a la minería privada, de impuestos específicos y de “racionalización” del gasto público. A cuatro meses de la catástrofe, el proyecto sigue trabado en el Congreso, ¿la razón?: el proyecto en concreto estaba plagado de medias verdades y trampas ocultas. No se habló que de las alzas impositivas a las empresas sólo serían temporales y que luego habría rebajas permanentes, no se habló que el aumento del royalty era voluntario y a cambio se daba “inmunidad” tributaria por 15 años, como tampoco se dijo que los famosos beneficios a las Pyme serían mejor utilizados por las grandes empresas. De las miles de formas que había para recoger más recursos, en La Moneda optaron por la tradicional: la que no tocara a los poderosos.

El proyecto de Ley de Financiamiento a la Reconstrucción, aún se mantiene atrapado en su periplo parlamentario. Intereses cruzados entre partidos, bloques políticos y lealtades clientelares lo tironean de un lado a otro. Un punto espinoso ha sido la propuesta piñerista de aplicar un alza temporal –por dos años- a los impuestos a las grandes empresas, lo que iría acompañado de toda una serie de beneficios tributarios especiales para promover las donaciones a la reconstrucción, a lo que la Concertación en bloque se opone porque espera que el alza sea permanente. Una postura que no deja de ser sorprendente considerando que uno de los sellos de los gobiernos de la Concertación fue la rebaja en los impuestos de Primera Categoría.

Hasta ahora este impuesto es del 17%, uno de los más bajos del mundo, así como más de la mitad de toda la recaudación impositiva se hace a través del IVA, una tasa al consumo que afecta principalmente a los sectores más pobres, que carecen de capacidad de ahorro. Este año Chile se convirtió en el primer país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un exclusivo club de países desarrollados. Aquí también queda patente la inequidad del sistema tributario chileno y es que si el promedio de la OCDE para los impuestos a la renta es del 13,2% del PIB, en Chile la proporción es de apenas un 4,2%. Y por si fuera poco, los grandes empresarios gozan de múltiples beneficios tributarios, que con el Plan Piñera van a acentuarse, como la depreciación acelerada o los beneficios de capacitación. Para los economistas de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Raúl González y Marilú Trautmann, “el análisis de los impuestos no solo permite decir que ellos son bajos en Chile, sino también que no contribuyen a la equidad”.

El royalty que adoran las mineras

El segundo aspecto espinoso del proyecto es el royalty. La Cámara de Diputados rechazó por 59 votos contra 58, excluir el royalty de la discusión para la reconstrucción, por lo que el tema deberá resolverse en Comisión Mixta. Durante el gobierno del Presidente Lagos, la presión política y social para la aplicación de un royalty –es decir cobro de renta minera- se tradujo en un nuevo impuesto que iba del 4% al 5% de las utilidades, acogiéndose a una invariabilidad tributaria de 5 años, es decir, que no podría cobrárseles nuevos impuestos. El actual gobierno pretende elevar ese rango del 4% al 9%, dependiendo de las utilidades, pero en contrapartida elevar la duración de esa invariabilidad hasta el ¡2025! Por ésta vía el gobierno espera recaudar unos 600 millones de dólares. Como forma de lograr apoyo parlamentario, en La Moneda sacaron un último conejo de la chistera y ofrecieron un 25% de los fondos recaudados para distribuirlos en regiones. Pero no fue suficiente.

Para muchos, la propuesta alarga la invariabilidad a cambio de nada, ya que la hipotética mayor recaudación dependerá de las utilidades que declaren las empresas y es ya bien conocido la habilidad que tienen las mineras para ocultar sus ganancias y así no pagar impuestos. El economista, ex Vicepresidente del Banco Central y actual director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), “este royalty no significa un aumento de los ingresos para el Fisco, ya que está proponiendo que sea un aporte voluntario. Es decir, es un premio para que las empresas paguen un poco más de lo que pagan actualmente, pero además es transitorio”. Por demás muy lejos de los entre 14.000 y 18.000 millones de dólares que, según Cochilco, facturó la industria minera entre 2006 y 2008. “Extender la invariabilidad tributaria es negativo para el país y una clara cesión de soberanía”, sentenció Fazio.

De timbres, estampillas y demáses

Otro punto que sacó chispas fue la propuesta de extender la rebaja en el Impuesto de Timbres y Estampillas aprobado durante la administración Bachelet, oportunidad que se rebajó temporalmente del 1,2% al 0,6%, como forma de incentivar la actividad económica en el marco de la crisis internacional que afectó al país. Éste es un tributo que se aplica a todas las operaciones de crédito. Este primero de julio el impuesto debía volver a su nivel normal, sin embargo dentro de la propuesta de reconstrucción estaba el mantenerlo en el 0,6%. Su argumento es que esto apoyaría a la Pyme, un sector muy golpeado por la catástrofe. Para el mismo Fazio, este discurso es engañoso, “efectivamente las Pyme podrán pagar menos impuestos al momento de solicitar un préstamo bancario, pero sabemos que son las Pyme las que tienen mayores dificultades para obtener estos recursos. Los mayores beneficiados son las grandes empresas” las que sí obtienen créditos sin problemas. Un apartado aprobado por la Concertación. En definitiva, Fazio concluye que: “Hay que comprender que si el Estado disminuye impuestos a las grandes empresas, eso no tiene relación alguna con el plan de reconstrucción”.