Revista El Periodista                   Año 4, Nº95, Viernes 25 de Noviembre de 2005

Fiscal jefe del CDE en Valparaíso involucrado en crimen de DD.HH.

PREGUNTAS PARA CLARITA

(Por Claudia Molina B.) Enrique Vicente Molina, actual procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Valparaíso, deberá responder una querella interpuesta por las hijas del ex prefecto de Investigaciones de Valparaíso Juan Bustos Marchant. El arresto del policía fue ordenado por Vicente en 1974.

Juan Bustos Marchant, el asesinado prefecto de Investigaciones El 26 de abril de 1974, Juan Bustos Marchant, ex prefecto de Investigaciones de Valparaíso durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue apresado por orden del actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Valparaíso, Enrique Vicente Molina, bajo los cargos de tráfico de armas y conexión con traficantes de drogas, entre otras acusaciones. La orden era aprenderlo para interrogarlo. El 29 de abril del mismo año, el director general de Investigaciones de ese momento, general (R) de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, puso a Bustos a disposición del tribunal de primera instancia, conducido por Vicente en Valparaíso. Pero después de largos interrogatorios, Bustos Marchant falleció de un tiro en la cabeza y sus hijas claman hoy por verdad y justicia. Con el apoyo del abogado Héctor Salazar, Pamela y Gloria iniciaron una querella contra Vicente y todos quienes resulten responsables de la muerte del detective, quien perdió la vida en la prefectura policial de la Quinta Región, aunque las autoridades de la época informaron del hecho como un "suicidio". "Dijeron que se suicidó con su arma, pero hasta ahora no se han aclarado las circunstancias de su muerte", aseguran sus hijas. EL PROCURADOR FISCAL Enrique Vicente Molina es abogado, titulado en 1963 en la Universidad Católica de Valparaíso. Lleva 40 años trabajando en el CDE, del cual es jefe regional en Valparaíso. Además, desde hace 19 años es director de la Corporación de Asistencia Judicial de la zona. Hasta su adolescencia, Vicente estuvo ligado sutilmente a la actividad política. Su padre fue compañero de colegio y amigo de connotados dirigentes de la época, como Radomiro Tomic, Eduardo Frei y Edmundo Pérez, quienes lo motivaron a abrazar los postulados de la Falange, donde militó por largos años. Pero pese a su conocimiento político, Enrique Vicente no se enganchó en estos temas como su padre. En cambio, se acercó a las armas e hizo el servicio militar en la Armada -como estudiante universitario- durante dos veranos, adquiriendo luego el carácter de oficial de la reserva naval. El 11 de septiembre de 1973, el alto mando de esa institución convocó a estos reservistas, de modo que Vicente fue destinado a la Fiscalía Naval. Consultado sobre el tema en agosto de 2003, aseguró que técnicamente fue movilizado por la Armada porque Chile se encontraba en un período de guerra, de modo que sólo le quedó acudir al llamado, pues de otro modo "la no presentación significaba ser desertor en tiempos de guerra", aunque "esto no justifica los excesos que cometieron algunos uniformados después del golpe". Pero sus funciones no terminaban ahí, porque entre 1975 y 1977 se convirtió en secretario regional ministerial (Seremi) de Justicia ad honorem, en virtud del cargo que ocupaba en el CDE, lo cual se mantuvo hasta que el Ministerio de Justicia incorporó su puesto a la planta de personal. CAMINO A LA MUERTE Varios meses antes, cerca de las tres de la tarde de un día de octubre de 1973, Juan Bustos Marchant fue sacado desde su casa por tres desconocidos. Un hombre vestido con chaquetón de marino y otros dos sujetos lo tomaron de los brazos y echándoselos hacia atrás, lo inmovilizaron, lanzándolo hacia el interior de una camioneta de color azul claro. Cuando ya estaba de bruces dentro del vehículo, fue amarrado de los pies, su cabeza fue cubierta con una frazada y su boca tapada con tela adhesiva. Esta sería su primera detención. Cuando llegó al sitio del interrogatorio, el ex prefecto fue sentado en un sillón de madera y amarrado de pies y manos. Tras un extenso interrogatorio, fue llevado a otro lugar, donde nuevamente fue amarrado a un sillón, similar al que usan los peluqueros o dentistas. Le bajaron los pantalones y comenzaron a aplicarle corriente en los órganos genitales y en el brazo derecho, mientras le preguntaban su nombre, edad, cargo que desempeñaba y si él había sido hombre de confianza del ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes. También lo interrogaron sobre su participación en flagelaciones, contrabando de armas, sustracción de placas de servicio y fichas del archivo político institucional y su relación con traficantes de estupefacientes. Además, fue acusado de ser miembro pagado de la Unidad Popular. Bustos Marchant rechazó todos estos cargos. Pese a que la detención y los argumentos en su contra confundían al prefecto, también sabía que todo podía tratarse de una venganza de la ultraderecha, por sus actuaciones en contra de las actividades que estos grupos realizaban para desestabilizar al gobierno de la UP. Con anterioridad, el prefecto había tenido un altercado con el almirante Ismael Huerta y con la gente del grupo ultraderechista Patria y Libertad, debido a que éstos pusieron una autobomba. Bustos descubrió que en el hecho estaban involucrados el yerno y la hija de Huerta, por lo que decidió detener al primero. Enterado el almirante, pidió a Bustos autorización para hablar con su yerno, Jorge Luis Young, pero el ex prefecto se lo negó. Indignado, Huerta le reclamó: "No se olvide que está hablando con un almirante de la república". Bustos le retrucó que él tampoco debía olvidar que estaba conversando "con un prefecto de la república". Alfredo Joignant, quien dirigía Investigaciones cuando Bustos fue nombrado prefecto en 1972, sostiene hoy que "el descubrimiento del autoatentando de Patria y Libertad, donde estaba involucrado el yerno de Huerta, fue la gran razón para que después Bustos fuera perseguido y torturado. No creo que se haya suicidado, al menos no por su cuenta". Una vez detenido por orden de Vicente , en 1974, el solo antecedente de su pelea con Huerta complicaba aún más la situación de Bustos , por lo que sus interrogadores insistieron en un a supuesta infiltración mirista en Investigaciones. El prefecto respondió que eso podía ser posible, pero que él no tenía nada que ver, lo mismo que con la sustracción de fichas y documentos políticos, porque si éstos salían del archivo, era sólo a petición expresa del ex director Paredes, quien trabajaba con un grupo especial de su absoluta confianza, en el que participaba gente del Gabinete Criminológico y personas ajenas al servicio, a los que sólo conoció por apodos. Sin embargo, recordaba a Germán Contreras Arce, Iván Pino Carmona y Osvaldo Ahumada como colaboradores de Paredes. LAS AMENAZAS Durante toda su declaración, Juan Bustos fue amenazado con un revólver en la boca y un cuchillo entre sus testículos. Le decían que no debía contar nada de lo sucedido, pues de lo contrario su familia pagaría las consecuencias. Incluso llegaron a hacerle creer que su esposa también estaba detenida y una vez terminada la ronda de preguntas, los agentes le ofrecieron colaborar con ellos, no sin antes volver a amenazarlo a él y a su familia. Luego fue puesto en libertad. Vendaron sus ojos y lo transportaron en el piso de un automóvil, boca abajo. Después de un tiempo de viaje, lo bajaron del vehículo, le sacaron la venda y debió dar al menos diez pasos sin mirar atrás. Fue dejado al borde de un camino y frente a una quebrada, que posteriormente reconoció como el cerro Ramaditas. Comenzó a caminar y se dirigió hacia la Prefectura de Valparaíso, donde solicitó que un vehículo lo llevara hasta su domicilio. Bustos Marchant pensó que ya todo había pasado, pero su pesadilla no terminó ahí, porque paralelamente se iniciaron constantes hostigamientos a la familia, que ni siquiera terminaron cuando se vinieron a Santiago, después de la muerte de Bustos Marchant. "Nos persiguieron hasta el cansancio. Todos los días recibíamos llamados de amenaza. El árbol situado fuera de la casa amanecía todos los días pintado de blanco. En las noches sentíamos hombres caminando sobre el techo, para que supiéramos que conocían nuestros movimientos", recuerdan hoy las hijas del policía. Seis meses después, en abril de 1974, la justicia naval volvió a requerirlo, esta vez abiertamente, a través de Vicente Molina. Aunque le habían advertido que no contara nada de lo sucedido, Bustos Marchant decidió advertir al nuevo director de Investigaciones, Ernesto Baeza, a través de una carta a la que El Periodista tuvo acceso exclusivo. El prefecto quería que Baeza supiera todo lo que estaba pasando y también esperaba confirmarle su disposición a colaborar con la justicia cuantas veces fuera necesario, pero dentro de un marco legal que le garantizara no volver a sufrir los flagelos ya vividos. EL EXPEDIENTE NAVAL En 2003, Vicente aseguró en una entrevista a un diario regional que "este señor (Bustos) fue detenido por la Policía de Investigaciones para que declarara por un tema de drogas y armas". Según él, era un día feriado (no precisó la fecha) y el prefecto estaba detenido en un cuartel de Investigaciones, asegurando que jamás ingresó a la cárcel ni a otro recinto mientras dependió de la fiscalía. Lo que olvidó el actual procurador del CDE fue que Bustos primero fue detenido por funcionarios de la Armada y luego puesto a su disposición a través de un telegrama que él mismo firmó. En el expediente naval -que se mantuvo bajo estricta reserva durante al menos 20 años-, caratulado bajo el rol A-158 de 1974, se indica que el 25 de abril de 1974, Enrique Vicente ordenó -a través de un telegrama- la detención del prefecto y lo puso a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso, para ser interrogado por una causa de Consejo de Guerra bajo los cargos de tráfico de armas. El 29 del mismo mes, Ernesto Baeza ponía a Bustos a disposición de la Fiscalía Naval. Así se firmaba el acta de muerte del ex prefecto de Investigaciones. EL INTERROGATORIO Con Bustos ya detenido e interrogado, y mediante una carta dirigida a la Dirección General de Investigaciones en Santiago, Vicente solicitó recién el 30 de abril un informe sobre los cargos y pruebas que acusaban al ex prefecto. El expediente naval registra el interrogatorio realizado a Bustos, que aparece firmado por el capitán de corbeta y fiscal naval Enrique Vicente. Algunas preguntas estaban dirigidas al reconocimiento de las propiedades y recursos económicos que el prefecto tenía junto a su mujer. Otras buscaban dilucidar su experiencia institucional desde que ingresó a Investigaciones, como también los ascensos que había obtenido. Según esta declaración, Bustos reconoció que desde enero de 1972 estaba a cargo del Departamento de Informaciones de la Dirección General de Investigaciones, que dependía del director general (Paredes) y de Arsenio Poupin, funcionario del Ministerio del Interior. Agregó que sus funciones consistían en informar sobre todos los aspectos políticos, especialmente de la oposición. Aunque según el registro del interrogatorio también contó que en algunas ocasiones fue designado para detener ilícitamente a opositores a la UP, en la carta aclaratoria que le envió después al general (R) Baeza no mencionó ninguna de estas cosas. Por otro lado, en el expediente naval se consigna que Bustos reconoce que nunca informó a sus superiores acerca de las actividades que realizaba la izquierda de la época, dejando entrever que todo su trabajo era realizado para atacar directamente a los grupos organizados de la derecha, como Patria y Libertad. Aún bajo esas condiciones, el prefecto niega rotundamente haberse enterado de la existencia de contrabandos de armas o de algún material sancionado por la ley 17.978, por la estaba siendo acusado. LA INCOGNITA MUERTE Un día después de que Enrique Vicente solicitó información de hechos que permitieran encausar al ex prefecto, el 1º de mayo, éste fue autorizado para visitar a su madre, quien vivía en el cerro Los Placeres, lugar donde también se encontraría con su familia. Mientras estuvo con ellos siempre fue custodiado, de modo que nunca pudo contar nada de lo que estaba viviendo. Al momento de partir y mientras bajaba las escaleras, Juan Bustos logró decir muy sigilosamente: "Me tienen liquidado". Al día siguiente, fue asesinado. La familia fue avisada del triste acontecimiento. Según sus hijas, la explicación que recibieron fue que el ex prefecto había muerto por un disparo que él mismo se había propinado en su oficina de Investigaciones, con una pistola que habría tenido en su poder. La pregunta es obvia: ¿Cómo se entiende que un detenido porte un arma estando sometido a un juicio de guerra? Hasta hoy, las hijas de Bustos Marchant no saben qué contestar. "Esa es la respuesta más fácil que encontraron para justificar su muerte, sólo nos entregaron el cuerpo en una urna sellada", dicen hoy Gloria y Pamela, sus hijas. La viuda del policía, Nelly Velozo, recuerda que 15 días después de la muerte de su esposo, fue citada por Enrique Vicente a su oficina para preguntarle la razón por la que el prefecto habría tomado esa drástica decisión, si no se le había comprobado nada. "Desde ahí, nunca más tuvimos ningún tipo de respuestas", asegura. Después de una publicación sobre este caso en la edición número 108 de The Clinic, el 24 de julio de 2003, Gloria tomó la decisión de contactarse con la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) para denunciar los hechos. El abogado Héctor Salazar fue designado para llevar adelante el proceso contra "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant", en el que Enrique Vicente tendrá que explicar muchas cosas. La querella fue presentada el 29 de noviembre de 2004 en el Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, bajo el rol 143578-R. Salazar, con vasta experiencia en temas de derechos humanos, sabe que se trata de un caso difícil, por la influencia que el fiscal del CDE de Valparaíso tiene en la zona. Espera que se haga justicia, pero también emplaza a que la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, explique cómo es que un funcionario está involucrado en violaciones a los derechos humanos. "Aquí tiene que responder el CDE, a través de su presidenta", afirma el abogado. A principios de este año, las hijas del prefecto fueron recibidas por Herrera, quien ofreció todo el apoyo institucional a la familia y se comprometió en avanzar en la investigación interna. Poco después, Bustos fue homenajeado por su institución, incluso con una placa que recuerda su muerte, instalado en la prefectura porteña. "Hemos visto que al menos reconocen la muerte de nuestro padre como una gran pérdida y lo han homenajeado para limpiar la memoria de quien trabajó dignamente para la institución. Eso nos tranquiliza mucho, es lo mínimo que nuestro padre merece, pero queremos verdad y justicia por su muerte", señalan Pamela y Gloria Bustos. Héctor Salazar explica a El Periodista que el proceso de la querella avanza, aunque la ministra en visita aún no ha otorgado conocimiento del sumario. "El problema es que Enrique Vicente tiene muchos vínculos en el ambiente judicial de Valparaíso. Lo más insólito es que siendo inculpado, haya enviado al tribunal a procuradores del CDE, para pedir acceso al sumario a nombre de esa institución. Como mínimo, eso no es prudente", asegura. Pese a todo, el procurador del CDE prefiere guardar silencio, pues no quiso responder a los intentos de El Periodista por contactarlo. Habrá que esperar, entonces, a que hable la justicia.