Diario Uno, 7 de junio 2010
Réplicas de las políticas del gobierno en vivienda se sienten aún en la Octava RegiónLos pobres pueden seguir esperando
Falta de recursos e implementación de un programa de subsidio para viviendas copiado de los gobiernos de la Concertación, pero con requisitos que hacen inviable la reconstrucción de las viviendas perdidas por el tsunami en la Octava Región, exacerba la molestia de los habitantes de Chiguayante. A esto se suma el uso de “material infl amable” que las autoridades entregaron para revestir las mediaguas que se llovieron en la zona.
Por Claudia Molina B.
Los daños a las viviendas producidos por el terremoto del 27 de febrero permiten analizar las características del plan de reconstrucción presentado por el gobierno de Sebastián Piñera, a través del cual se asignaron 4.894.590 UF.
A partir de la Resolución Exenta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) del 9 de abril de este año, lo que el actual gobierno está haciendo es extender los programas habitacionales que quedaron instalados desde la administración de Bachelet, a las familias que debido a la catástrofe perdieron sus viviendas, sin perjuicio que ya hubiesen estado sujetas al subsidio. Por lo tanto, no es que Piñera haya creado nuevas políticas, sino que está utilizando los instrumentos ya aplicados y testeados en la ciudadanía. Sin embargo, los anuncios que ha hecho la Presidencia, a través del MINVU, como abrir las postulaciones para el Fondo Solidario de Vivienda (FSV I) deja en evidencia la carencia de recursos destinados a este ítem.
Si se analiza la tabla específica de los montos destinados para cada región, es posible apreciar lo reducido que es el presupuesto de reconstrucción de viviendas, tomando en consideración el total de Unidades de Fomento destinadas para la Región del Bío Bío. Estos recursos se dividen por el total de UF que se le asignan a una familia, a través del subsidio. Por ejemplo, el total de UF aproximado por familia es de 540, desglosado en las 370 UF para las viviendas de las comunas de Hualpén, Concepción o Chiguayante. De ellas, 150 UF corresponden al subsidio de localización del terreno y otras 10 UF son “entregadas por el Estado” lo que en el esquema clásico correspondía al ahorro previo que se les exigía a los postulantes. Así, los 4 millones 894.590 de unidad de fomento si es dividida por 540 UF que le asignan a cada familia el resultado es de 9 mil 064, por lo que los recursos destinados para la región del Bío Bío alcanzarían –con suerte- para 9 mil familias y sólo en Villa Futuro de Chiguayante existen, aproximadamente, mil 700 familias sin vivienda.
Pero lo dramático no termina con estos escasos recursos, sino que este apoyo está planificado bajo el carácter de “reconstrucción en sitio propio”, lo que quiere decir que él o la beneficiada debe contar con un lugar para edificar, o bien que le pertenezca a alguien de su familia, para instalar la nueva casa. No se contempla un subsidio para la compra de una vivienda usada.
¿Cómo podría un habitante de Chiguayante, por ejemplo, construir en un terreno que no existe o que no está habilitado para construir, debido al daño del suelo que dejó como resultado el tsunami? Esta situación da espacio a la especulación del valor de los terrenos apropiados para levantar nuevas viviendas. De hecho, un informe emanado por SERNAGEOMIN, post terremoto, afirma que los terrenos se encuentran con aguas subterráneas, por lo tanto, los sitios donde las viviendas se encontraban levantadas son como arenas movedizas, lo que con cualquier movimiento sísmico traería nuevas consecuencias negativas para los habitantes. Por otra parte, el MINVU ya ha señalado que no considera la opción de expropiación de terrenos para el levantamiento de viviendas, aún cuando esta posibilidad se encuentra dentro de sus facultades legales. Un dato que es necesario destacar es que la ex alcaldesa de Concepción y actual Intendenta de la zona, Jacqueline van Rysselbergh, pertenece a una de las familias propietarias de extensos terrenos que servirían para la reconstrucción de la zona, después de expropiadas, claro está. El silencio se apoderó de ella en esta materia, contradictoriamente con sus gritos y llamados de atención cuando aún estaba la presidenta Bachelet en el gobierno.
Revestimiento con material inflamable
Los habitantes de Chiguayante no han encontrado soluciones, A más de 3 meses de ocurrida la tragedia. Las intensas lluvias caidas sobre toda la región, forzaron a los habitantes a regresar a sus destruidas casas para capear el frío y el aguacero, corriendo con ello graves riesgos.
A la zona llegaron algunas mediaguas para comenzar lo que insisten en llamar la “reconstrucción”, las mismas que pudimos ver en los noticieros llovidas completamente por dentro, dejando una vez más a las familias en condiciones de indefensión. Para subsanar esta situación, el gobierno entregó nuevas medidas: el revestimiento de las mismas. Sin embargo, este revestimiento está compuesto por material inflamable. Los expertos han llamado a extremar los cuidados al realizar las instalaciones eléctricas en las viviendas.
Según afirmó a Diario Uno, el abogado y representante de las organizaciones sociales de Villa Futuro, Oscar Menares, el kit impermeabilizante que entregó el gobierno para mediaguas contiene una geomembrana de polietileno, es decir, un plástico que permitiría que las viviendas resistieran el invierno, sin embargo, en el instructivo que trae el pack se advierte que se trata de material inflamable, lo que deja a las familias damnificadas con una nueva preocupación.
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